martes, agosto 08, 2006

Altura de miras o ¡Abrid Reforma!

Aquí un texto de Alejandro Nadal, publicado en La Jornada, que llegó a mi correo gracias a la sensatez de un habitante de la Del Valle. Va.

Miércoles 2 de agosto de 2006

2006: ley y justicia

Realizar plantones y bloqueos de avenidas es visto como una escalada peligrosa en el conflicto electoral. Es cierto que se han radicalizado las posiciones. Pero a los que claman por el respeto a las instituciones es importante recordarles que el orden y la ley no son la esencia del pacto social. La ley es necesaria para asegurar la convivencia social, pero no es suficiente. El orden y la estabilidad son muy importantes. Sin ellos la vida social es muy difícil. La inestabilidad y el caos no son deseables. Pero el orden y la estabilidad no son la condición de posibilidad de la vida social. Por encima está la justicia, el trato equitativo para todos y el derecho de cada uno para buscar la prosperidad y la felicidad en libertad. El pacto social existe por el anhelo de justicia, no por una inclinación mecánica hacia el orden.
El orden es un camino, pero en sí mismo es una entidad vacía. Lo mismo podemos decir de la estabilidad. Son nociones desprovistas de contenido o de significado normativo. Clamar por el orden, per se, es absurdo. Puede haber orden en un campo de exterminio, como en Auschwitz. Hay estabilidad en una prisión cuando el mañana es idéntico al día de hoy.
El orden y la violencia se parecen porque son nociones vacías de contenido y significado. El orden a ciegas es tan insustancial como la violencia, y ésta no es lo mismo que el poder, sino sólo sinónimo de destrucción. El orden sin la justicia es una simple rutina desprovista de sentido.
La justicia es una condición superior. A través de la justicia se define el sentido del pacto social. La justicia es una noción rica en contenido y se agota en sí misma: no necesita de elementos adicionales para adquirir sentido. Es inteligible en ella misma. No es el orden lo que da sentido al pacto social: es la justicia.
La obediencia de la ley puede acompañarse de cierto orden social, pero en sí misma no garantiza el acceso a la justicia. Cuando la comunidad se ahoga en leyes que no permiten aproximarse a la justicia, o hasta son portadoras de un orden injusto, entonces se inicia una controversia genuina. ¿Qué debemos respetar: el orden o la justicia?
Cuando una parte significativa de la población deja de tener acceso a la justicia, el espacio social se degrada. En el extremo, se llega a su rompimiento. En esos casos es absurdo afirmar que el orden y la ley deben ser respetados. El regreso al cumplimiento de la ley y el respeto a las instituciones pasan por restaurar la equidad en el corazón social.
En México la justicia dejó de estar hace mucho en el núcleo del pacto social. La sociedad mexicana está marcada por una desigualdad insultante que crece todos los días. Esa desigualdad se alimenta en un modelo económico que impide a la población buscar la prosperidad y la felicidad. En contraste, ese modelo económico ha beneficiado a unos cuantos de manera obscena y generó un fraude sistémico a través de la desviación de fondos públicos. El orden económico dio franquicias a unos, pero no proporcionó oportunidades ni empleo ni ingresos adecuados a la mayoría de la población. Una sociedad que arrastra en su seno 60 millones de pobres es una sociedad enferma, marcada por la hipocresía y el cinismo.
En los últimos 20 años el ingreso per cápita se estancó. El salario mínimo perdió 75 por ciento de su valor real (los salarios contractuales perdieron 52 por ciento) entre 1982 y 2006. El empleo precario es el rasgo distintivo del trabajo en México: 80 por ciento de la población económicamente activa apenas percibe los cinco salarios mínimos o menos que se necesitan para adquirir la canasta básica. El rezago en educación, salud y vivienda es colosal. Las escuelas y hospitales públicos cuentan con instalaciones deplorables. Por estas semanas, el país le cerró las puertas en las narices a miles de jóvenes que aspiraban a un bachillerato decente. Encima de todo, la ficción de la estabilidad macroeconómica es solamente eso: una ficción.
Existe una polémica difícil sobre quién define la justicia y quién debe promoverla. Pero dos cosas son indiscutibles. Primero, esos datos revelan que el pacto social se ha erosionado y que la justicia dejó de ser prioritaria en México. Segundo, las instituciones encargadas de resguardar la justicia fueron las primeras en traicionarla.
Bloqueos y plantones pueden ser o no una táctica adecuada. Pero es claro que despejar vialidades sólo restablecerá una falsa apariencia de orden. Debajo de esa delgada capa se encuentra un caos brutal hermanado con la injusticia. ¿Cuáles instituciones deben ser respetadas? ¿El IPAB-Fobaproa? ¿El IFE maquillado de ciudadano y aceitado con sueldos de fantasía? La pregunta clave es si está la comunidad obligada a respetar un orden en el que la justicia es menos importante cada día. El desorden aparente de la desobediencia civil no necesariamente conduce a la anarquía. Podría ser la vía para reconstruir el tejido social de la República.
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